La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional prevé que, ante riesgos graves para el país, el Estado pueda bloquear fondos y activos, restringir transferencias o importaciones y elevar temporalmente hasta un 75% los aranceles aplicados al Estado extranjero involucrado.

La frase fue pronunciada por Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando afirmó que el Gobierno desplegaría herramientas “diplomáticas, económicas, judiciales y legales” ante acciones que considere contrarias a la soberanía argentina. En ese mismo discurso anunció el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, posteriormente presentada por el Ejecutivo.

El proyecto traduce parte de ese planteo en instrumentos económicos concretos. Ante riesgos graves para la Seguridad Nacional, contempla bloquear fondos y otros activos, restringir transferencias y operaciones comerciales, suspender determinados permisos y elevar temporalmente hasta un 75% los aranceles vinculados con el Estado extranjero involucrado. Estas facultades forman parte de la Ley Malvinas, que actualmente se encuentra en trámite legislativo.