La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone impedir que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten campañas electorales, y crea penas de hasta 15 años en los casos agravados de injerencia política.

El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso incorpora un capítulo específico para limitar la influencia extranjera sobre la política argentina. La Ley Malvinas, denominada formalmente Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, modifica las reglas de financiamiento político para impedir que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras participen en el financiamiento, organización, dirección o ejecución de campañas electorales y actividades de propaganda.

La iniciativa también crea nuevas figuras penales para quienes actúen por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero con el objetivo de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Las penas previstas van de 5 a 12 años de prisión y aumentan a 8 a 15 años cuando existen amenazas, sobornos, coerción o participación de estructuras criminales. El proyecto se encuentra actualmente bajo tratamiento del Congreso, por lo que estas disposiciones todavía no están vigentes.