Mediante decreto, el Poder Ejecutivo derogó el programa de financiamiento que cubría pasajes sin costo para ciudadanos con discapacidad y menores en tratamiento de cáncer. El acto fue publicado en forma oficial generando preocupación en los sectores alcanzados.

La administración gubernamental fundamentó la supresión en consideraciones de viabilidad fiscal. Según sus argumentos técnicos, «las compensaciones que estaban previstas en disposiciones anteriores no cuentan con sustento presupuestario para continuar». Esta evaluación llevó a la decisión de eliminar el fondo operativo.

Paralelamente, el gobierno sostuvo que el derecho a recibir transporte sin aranceles permanece en vigencia y continúa siendo reclamable ante las autoridades pertinentes. Esta posición genera una tensión evidente: se mantiene el derecho pero se suprime su financiamiento.

El beneficio alcanzaba a dos conjuntos poblacionales específicos: por una parte, sujetos con discapacidad reconocida por órganos estatales; por otra, infantes diagnosticados con patología oncológica que requieren traslados frecuentes hacia centros asistenciales.

La gratuidad en el transporte era un elemento instrumental para garantizar igualdad de acceso a servicios sanitarios y participación en la vida comunitaria. Su eliminación incrementa las barreras económicas para estas poblaciones.

Expertos en políticas sociales manifestaron inquietud respecto a la inconsistencia entre mantener un derecho reconocido y suprimir los mecanismos que lo hacían efectivo. Alertaron sobre el riesgo de que el beneficio se transforme en un reconocimiento meramente formal sin aplicación práctica.

El Ejecutivo anunció la búsqueda de alternativas para preservar el acceso, mas no especificó modalidades, responsabilidades institucionales ni fechas de implementación. La incertidumbre prevalece entre familias que dependían de este programa para la movilidad de sus integrantes.

Imagen: RDNE Stock project / Pexels – Con informacion de La Nación