La gestión actual implementó una reforma tributaria cuyos efectos pueden sintetizarse en tres dimensiones clave: qué impuestos fueron reducidos, cuáles fueron aumentados y cuál fue el costo que debió soportar el Estado nacional en este proceso de transformación fiscal.

Las modificaciones en la estructura tributaria no fueron uniformes. Distintos gravámenes experimentaron movimientos en direcciones opuestas, respondiendo a criterios de política económica que buscaban reorientar incentivos en la economía. El resultado fue una reconfiguración de la presión fiscal sobre diferentes sectores y contribuyentes.

Entre los tributos que registraron descensos se encuentran aquellos que el Gobierno consideró estratégicos para dinamizar segmentos específicos de la actividad económica. Simultáneamente, otros impuestos fueron elevados, lo que permitió financiar parcialmente esas reducciones y mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

El costo fiscal total de estas decisiones representa un número relevante para cualquier evaluación de la reforma. No se trata solo de la diferencia entre ingresos y gastos que estas medidas generaron, sino también de los efectos económicos indirectos que pueden potenciar o frenar el crecimiento según cómo respondan los agentes económicos.

La reforma tributaria es expresión de prioridades de política económica que el Gobierno trasladó al sistema impositivo. Los números permiten ver con claridad hacia dónde apuntaron esas prioridades: qué se buscó incentivar, qué se buscó desalentar, y a qué precio fiscal.

La trayectoria de estos cambios seguirá siendo monitoreada conforme evolucione la recaudación y se verifiquen los efectos esperados en la actividad económica general.

Imagen: Jakub Zerdzicki / Pexels – Con informacion de El Cronista