La infraestructura pensada para prevenir inundaciones queda paralizada porque el fondo creado para costearla está siendo utilizado para financiar otras necesidades del Estado. Se trata de un desajuste entre lo que la ley ordena y lo que la administración concretamente realiza.

El diagnóstico es simple: hay dinero disponible, pero no hay decisión de gastarlo en lo que corresponde. Los recursos que legalmente deberían ejecutarse en obras de defensa hídrica terminan absorbidos por demandas presupuestarias más inmediatas, dejando sin atender el objetivo para el cual fueron creados.

Este desvío responde a dinámicas fiscales más amplias. Cuando el Tesoro enfrenta presiones por déficit, los fondos etiquetados se convierten en fuentes de financiamiento accesibles. Aunque técnicamente exista una destinación legal, la práctica administrativa los reasigna hacia donde la coyuntura fiscal lo requiere.

Las consecuencias de este mecanismo trascienden los números presupuestarios. Comunidades que habitan zonas vulnerables a inundaciones permanecen sin las defensas que deberían existir. La inversión preventiva, que a largo plazo resulta más económica que gestionar desastres, queda postergada. Las obras de infraestructura necesarias se quedan sin financiamiento real.

El tema expone una debilidad estructural en los sistemas de control presupuestario. Los fondos creados por ley para propósitos específicos carecen de garantías suficientes contra su desvío. Sin mecanismos robustos de seguimiento y accountability, los recursos etiquetados permanecen vulnerables a ser reasignados según las necesidades fiscales de corto plazo, invalidando su lógica creadora.

Imagen: Mikhail Nilov / Pexels – Con informacion de Clarín Rural