Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas solicitaron una investigación exhaustiva para determinar si existieron fallas en la atención médica o protocolos de seguridad.

Una situación de tensión y sospecha envuelve al establecimiento carcelario más importante de la provincia de Córdoba tras dos sucesos fatales ocurridos en un breve lapso. Se dio a conocer la muerte de dos presas en el penal de Bower, lo que motivó que diversos sectores piden investigar si hubo irregularidades en el trato recibido o en la celeridad de la asistencia sanitaria intramuros. Las fallecidas se encontraban en pabellones distintos, pero sus decesos ocurrieron bajo circunstancias que la fiscalía ha caratulado preventivamente como muerte dudosa. El Ministerio de Justicia provincial ordenó una auditoría interna para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros del personal de guardia de las noches involucradas. Familiares de las internas manifestaron que existían pedidos previos de atención médica que habrían sido desatendidos por las autoridades del penal. Este hecho ha generado una serie de reclamos por parte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, exigiendo transparencia absoluta en la recolección de pruebas forenses. Los cuerpos médicos están realizando las autopsias para descartar cualquier tipo de violencia física externa o el consumo de sustancias prohibidas dentro de las celdas. La situación en Bouwer ha sido objeto de críticas recurrentes por las condiciones de hacinamiento y la falta de insumos básicos para la salud de la población carcelaria. Se espera que en los próximos días se tomen declaraciones testimoniales a otras reclusas que compartían espacio con las víctimas. La justicia busca llevar tranquilidad a las familias y determinar si existió negligencia por parte de los funcionarios responsables de la custodia.